Fenómeno de migración y salud pública chilena

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En la última década Chile ha experimentado un gran movimiento migratorio internacional, según los datos obtenidos del Departamento de Extranjería y Migración del año 2014, en el cual la tasa de inmigración llegó a ser de 2,7%, equivalente a más de 441.000 personas. Este dato no es menor, pues corresponde a la mayor tasa de inmigrantes que se ha registrado desde el año 1950. Una de las razones por las cuales nuestro país ha sido foco de este gran movimiento demográfico, es el inmenso atractivo de una economía creciente, representada por un Producto Interno Bruto per cápita de $20.000 (USD), según datos del 2014 del Fondo Monetario Internacional. A lo anterior es necesario sumar la mejora progresiva nuestros indicadores de salud, tales como la disminución de la mortalidad infantil y adulta, y el aumento de la esperanza de vida, los cuales hacen de Chile una nación que puede ser nicho de nuevas oportunidades para comunidades extranjeras, lejos de sus contextos de inseguridad política, desempleo, conflicto armado e incluso violencia. Según datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015, los dos principales países que importan habitantes a nuestro país son Argentina y Perú, pero ha habido un aumento significativo de inmigrantes de Colombia, Venezuela y Haití en años recientes, lo cual se ha visto reflejado en los registros de permisos temporales y definitivos. Esta población ha tenido un importante aumento principalmente, en las regiones del norte de nuestro país, específicamente Antofagasta, Calama y Coquimbo, seguidas de la zona central como lo son Valparaíso y región Metropolitana.

Se ha evidenciado que la población de inmigrantes se encuentra compuesta principalmente por adultos jóvenes, con una media de edad de 32 años, y, según datos de la encuesta CASEN 2015, la mayoría de ellos alcanza como mínimo la educación media completa y cuyo casi 50% de la totalidad de la población pertenece al quintil VI y V. Sin embargo, según datos obtenidos del libro “La migración internacional como determinante social de la salud en Chile: Evidencia y propuestas para políticas públicas”, se evidencia que dentro de esta población existe una mayor cantidad de desigualdad social comparada con la población chilena, lo que exhibe una mayor proporción de pobreza multidimensional, un índice que mide la pobreza a través de la situación de los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes, como lo son la salud, educación, vivienda y trabajo-seguridad social.

De acuerdo a los datos de la encuesta CASEN 2015, aquellos inmigrantes que poseen previsión de salud corresponde a sujetos entre los 15 y 44 años de edad, de los cuales el 62% corresponden al Fondo Nacional de Salud (FONASA). De esta manera, si es que se analiza según quintiles de ingreso y nivel educacional, tenemos que la distribución de aquellos que se encuentran afiliados a FONASA, son en su mayoría quienes presentan más bajo nivel educacional e ingreso. En el caso de aquellos inmigrantes sin previsión de salud la cifra llega a un 15,7%.

De esta manera podemos preguntarnos, ¿Qué sucede con esta población sin previsión? La “Guía para los equipos de salud en la orientación y apoyo en la población migrante 2015” señala que en su mayoría corresponden a migrantes irregulares o indocumentados, es decir, se refiere a aquellos inmigrantes que se encuentran regularizando su situación migratoria y a quienes el Estado no les ha otorgado aún un rut/run provisorio, es decir, aún “no existen” para el sistema. En esta guía se expresa que los usuarios del área de la salud y de acuerdo a la legislación vigente, poseen derecho a recibir atención en salud sin importar su situación administrativa debido al carácter inextinguible del derecho a la salud.

De esta forma, se plantea el caso de las mujeres embarazadas: según la normativa actual ORD. A14 Nº 3229, de junio de 2008 del Ministerio de Salud, se garantiza la atención de salud a las mujeres embarazadas inmigrantes y se les otorga una visa de residencia temporaria para aquellas que se controlen de manera regular en un centro de salud primaria cercano a su lugar de residencia. Las usuarias ingresan al establecimiento de salud y se les debe otorgar todas las prestaciones, lo que incluye parto, eventuales cesáreas, atención al recién nacido y set de ajuares del programa Chile Crece Contigo.

En el caso de las niñas y niños menores de 18 años, según la ORD. A14 Nº 3229 de octubre del año 2007, y el convenio firmado por el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio del Interior, se permite la entrega de un permiso de residencia temporaria a niñas y niños menores de 18 años, en forma independiente de su condición migratoria y la de sus padres, siendo esto aprobado en resolución exenta del 30 de noviembre de 2010 por el MINSAL con el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, lo que permite el acceso a controles de niño sano, atención médica, medicamentos y leche.

¿Qué sucede entonces con la población migrante indocumentada de adultos hombres y mujeres no embarazadas? Antes del año 2015, los migrantes carentes de recursos en situación irregular indocumentada sólo podían acceder a atenciones de urgencia, de acuerdo a lo estipulado por la ORD. Nº3229 del Ministerio de Salud, referida a la “Atención en Salud de Población Inmigrante en Riesgo Social y Permanencia No Regular” emitida con fecha 11 de junio de 2008. Por lo que aquellos que no se encontraban en esta categoría, debían enfrentar barreras de acceso a atenciones médicas que no fueran urgencia, en donde debían declararse como “carentes de recursos” en el Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME) y este lo derivaría al funcionario “calificador de derechos” del establecimiento de salud, el cual, tras la entrevista y revisión de antecedentes, podría definir si podía brindarles cobertura con el estatus de indigente o persona carente de recursos, o bien siendo clasificados como particulares, generando deudas sin cobrar. Esta situación, fue un punto crítico, ya que fomentó en los usuarios la exclusión social, discriminación y el autorechazo hacia el sistema de salud. Sin embargo, gracias al decreto N° 67 del 29 de mayo de 2015 y la circular N° A 15/04 del 13 de junio de 2016, se les permitió finalmente a las personas inmigrantes indocumentadas que suscribieran un documento declarando su “carencia de recursos”, para que así que pudieran ser considerados como beneficiarios de prestaciones de salud, a través de un número de atención provisorio generado por FONASA. Esto abrió una nueva oportunidad para el acceso a salud y ha servido como fuente para pesquisar población migrante vulnerable y así activar las redes intersectoriales de apoyo y orientación en la línea de la inclusión social, tales como: Mesas Chile Crece Contigo, Instituciones educacionales JUNJI, Integra, ONGs, entre otras. Sin embargo, nace una nueva pregunta dentro de este contexto, ¿Dejaremos que las problemáticas que surgen en torno a la población migrante indocumentada sea solucionada por decretos y no en base a leyes?

Referencias

  1. Ministerio de Salud Metropolitano Central. Guía para los equipos de salud en la orientación y apoyo a la población migrante. 2015. P 1 – 30.
  2. Cabieses, B., Bernales, M., & McIntyre, AM. La migración internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para políticas públicas. 2017.
  3. Cabieses, B. Investigación en migración y salud en Chile: avanzando. Rev Med Chile 2016; 144: 1093-1094.
  4. Cabieses, B. La Compleja Relación Entre Posición Socioeconómica, Estatus Migratorio y Resultados de Salud. Elsevier: Value in health regional issues. 2014.5:1 – 6.
  5. Ministerio de Desarrollo Social, División Social. Inmigrantes: Síntesis de resultado CASEN 2015. 11 diciembre 2016.
  6. Ministerio de Salud. Circular N°A15/04 del 13 de junio de 2016.
  7. Sub-departamento de atención primaria servicio de salud Coquimbo. Implementación decreto supremo n°67/2016 y circular A15 n°4/2016: ampliando el acceso a la salud de migrantes no regulados en situación de vulnerabilidad social. 2016.

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